La mordaza

Es de suponer que cada uno verá la feria como le va en ella, pero los que no cabe duda es que determinadas decisiones de los legisladores solo pueden tener una lectura: amordazar a los incómodos.

Las ONG conservacionistas, a los que normalmente se incluye con un cierto deje cómico como "esos ecologistas", tienen la desgracia de  ser el "pepito grillo", la conciencia, de una sociedad que ha dado la espalda a todo lo que no sea beneficio inmediato y todo lo que tenga que ver con la conservación y el medio ambiente.... pero curiosamente solo hasta que me toca debajo de casa.

Si hay una fuga de algún gas, un vertido tóxico, si te van a hacer pasar por las bravas una línea de alta tensión por tu finca, si una cantera amenaza tu casa... entonces se clama por la presencia de los ecologistas para que protesten por mí, para que monten una "performance", para que pongan denuncias ante la Unión Europea y salgan encadenados a los árboles de "mi" calle.

Si no, ni por todo el oro del mundo me acerco a ellos.

A partir de ahora eso va a ser lo único que vamos a poder hacer: "performances". 

El movimiento ecologista, poco cohesionado, ninguneado y "amateur", está siendo demasiado incómodo, revuelve muchas conciencias aunque sea brevemente y lo que es mucho peor: condiciona gravemente los plazos, el beneficio económico, la impunidad con la que se realizan la mayor parte de las actuaciones de infraestructuras, industria o la misma conservación del medio que nos rodea por parte tanto de empresas, como particulares como la administración.

Son estas ONG las únicas que denuncian incumplimientos graves de las leyes por parte de las administraciones, la falta de control ante los grupos de presión, las obras faraónicas innecesarias, la destrucción sistemática del litoral, la inmovilidad ante la desaparición de especies, la falta de calidad del aire, el agua o los alimentos, la innacción frente al cambio climático, la ingerencia de las grandes empresas en la toma de decisiones medioambientales, la prevalencia de los intereses especulativos ante los medioambientales, la prevaricación continuada de organismos oficiales o cargos públicos que hacen la vista gorda ante las leyes que ellos mismos se han, y nos han, impuesto, estableciendo además dobles raseros,........ y el resto de situaciones que cualquiera puede suponer o conocer.

Pero ahora se ha dado con la mordaza perfecta, se acabaron las verdades como puños frente a la estación de esquí de San Glorio cambiando la ley a conveniencia de las empresas promotoras, a la barbaridad del Musel que tras quince años de elogios ahora, tímidamente y ante los desfalcos producidos y los reveses legales se empieza a cuestionar para qué se hizo, se acabaron los reveses judiciales a promociones urbanísticas, parques eólicos, minas a cielo abierto, líneas de alta tensión..... se acabó la denuncia de las irregularidades, incongruencia, injusticias y  del gobiernín (y todos los gobiernines) en la gestión de las especies y espacios naturales..... y todo lo demás.

A partir de ahora las ONG conservacionistas tendrán que pagar por recurrir a la justicia. Es un golpe maestro: que sigan haciendo "performances" que sigan manifestándose, que sigan poniendo firmas en "change.org"..... que siga habiendo apariencia de que alguien continúa siendo referente del patrimonio natural y de la defensa de los que es un bien común.

Al fin y al cabo dejará de tener ningún efecto real y todo podrá hacerse injustamente legal.  

Artículo publicado en Diario de León

MARÍA CARNERO | LEÓN 08/04/2014

Noticias relacionadas

• 5González Antón: «Esta ley protege las ilegalidades administrativas»

La exclusión de las organizaciones conservacionistas del derecho a la justicia gratuita ha puesto en pie de guerra a las principales ONG ambientales del país, cuya defensa del medio ambiente queda a partir de ahora abocada al pago de las tasas judiciales, proporcionales al presupuesto de los proyectos que recurran y que, en la mayoría de los casos, se traducen en cifras astronómicas. Se trata de las únicas entidades de interés social que han quedado fuera del nuevo proyecto de ley de asistencia jurídica y gratuita, que en su artículo dos sí ampara a otras asociaciones como las que defienden los intereses de los consumidores, de las víctimas del terrorismo o Cruz Roja, por citar algunos ejemplos.

La única manera que tendrán las ONG ambientales de acceder a la justicia gratuita será acreditando ser de utilidad pública y carecer de recursos económicos para litigar, requisitos que casi ninguna asociación conservacionista cumple.

A partir de este momento, si este proyecto de ley, cuyo plazo de alegaciones concluye hoy, prospera las ONG ambientales tendrán que hacer frente a millonarias tasas judiciales para recurrir aquellos proyectos que consideren que pueden atentar contra el medio ambiente, y deberán hacer frente a las costas judiciales, que se eliminarían si pudieran acceder a la justicia gratuita, en caso de el juez no les diera la razón.

Por ejemplo, recurrir un proyecto presupuestado en tres millones de euros requerirá el abono de 10.000 euros en tasas, cantidad que es inasumible para cualquier ONG que se arriesga a además a hacer frente a las costas judiciales en el caso de una sentencia desfavorable.

En el caso de León, los grandes conflictos ambientales son también proyectos de grandes dimensiones presupuestados en millones de euros. Es el caso de proyectos como la estación de esquí de San Glorio, que de superar todas las barreras legales que actualmente tiene para su puesta en marcha, y en el caso de que alguna asociación conservacionista se decidiera a recurrir su autorización, tendría que hacer frente a unas tasas de más de 333.000 euros, proporcionales a los más de cien millones de euros de inversión que supone la polémica construcción de la macroestación de esquí, proyectada en un parque natural.

También es el caso de la construcción de la línea de alta tensión entre Sama (Asturias) y Velilla del Río Carrión (Palencia), uno de los proyectos más controvertidos de los anunciados que en los últimos años en la provincia de León, por atravesar a zonas de alta protección ambiental de la cordillera cantábrica. Si este proyecto, que de momento ha sido aparcado por el Gobierno, volviera al formar parte de los planes del Ministerio de Industrial, sería necesario el desembolso de más de 130.000 euros en tasas, ya que en su día este corredor fue presupuestado en 40 millones de euros, sin contar con las multimillonarias indemnizaciones que Red Eléctrica Española tendría que hacer frente en concepto de indemnizaciones.

No hay que olvidar que en León las ONG han logrado detener grandes y costosos proyectos que atentaban contra el medio ambiente en la provincia. Es el caso de las explotaciones de los cielos abiertos en Laciana y Babia, o los parques eólicos de Omaña. De no ser por las batallas legales iniciadas por los conservacionistas muchos de estos proyectos, que hoy han sido clausurados por orden judicial, seguirían causando irreparables daños.

De prosperar la ley del ministro Alberto Ruiz Gallardón, proyectos como San Glorio, la Sama-Velilla, los túneles del AVE, los trenes de Feve o los parques eólicos serán imparables.

Esta será la única forma de denunciar a partir de ahora. A través d la denuncia en medios de comunicación. Pero ya no habrá sentencias y por lo tanto no habrá consecuencias ¿o no?

Post scriptum: A día de hoy 9 de mayo de 2014, en una nueva redacción de la ley, aún no aprobada, parece que los grupos ecologistas también puedan acogerse al apartado de justicia gratuita en el caso de los recursos, pero no está desarrollado el "como como" de ese apartado.