Matar en la prórroga

A nuestro gobiernín se le va la cabeza.

No contentos con superar este año la matanza "legal" de lobos en Asturies, (han abatido "solo" 38) como no ha llegado a la esquizofrénica cifra de 66 lobos abatidos prevista para el año 2013.... ¡¡¡se han dado una prórroga!!!

Se dan una prórroga para la matanza indiscriminada de los lobos que no pudieron matar en 2013 aprovechando que las hembras están gestantes en esta época, algo ecológicamente demencial.

¿Nadie se ha parado a pensar que si a pesar de todo el esfuerzo de la administración y toda la presión del lobby ganadero y periodístico, si no se ha conseguido completar la cuota de lobos muertos, tal vez sea porque no hay tantos como afirman?

Aquí a alguien se le va la cabeza.

¿Van a mantener una "cuota" de lobos muertos de 60 y tantos también en 2014? ¿Y en esa cuota van a entrar los de la prórroga? ¿Van a tener una previsión de casi 100 lobos masacrados este año?

¿Qué estudio de viabilidad ecológica maneja esta gente?

¿Todavía no se han enterado que las manadas desestructuradas tienden a ataques a presas más sencillas?

¿No hay más métodos, opciones, posibilidades?

¿Han conseguido siquiera aplacar a los grupos ganaderos integristas?

¿Se han leído sus propios, planes, decretos y resoluciones? Cuando resulte que esta medida sea declarada ilegal por un juez ¿volverán a atacar a las asociaciones conservacionistas como si fuesen estas las que actúan ilegalmente?

Lo de la administración ¿no se llama prevaricar?

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Las asociaciones conservacionistas asturianas han presentado la siguiente nota en relación a esta nueva ocurrencia del gobiernín.

Los grupos ambientales asturianos una vez conocido la Resolución de la Directora General de Recursos Naturales, de la Consejería de Agroganaderia y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias, para ampliar la del 29 de octubre de 2012 por la que se aprobó el programa anual de actuaciones de control del lobo 2012-2013, programa que finalizó el 31 de diciembre de 2013.

La nueva resolución ha sido informada por el Jefe de Servicio el 27 de enero como “adecuada y conveniente la prórroga” en tanto se finaliza la revisión del plan de gestión. La actual resolución está, por tanto,  planteada y justificada literalmente como una “prórroga” de la resolución del 29 de octubre de 2012. La actual resolución plantea el control de 33 ejemplares hasta el 15 de marzo de 2014.

Sin embargo, el texto del plan en vigor, y el texto que se revisa y que se ha sometido a información pública, No plantean la posibilidad de prórrogas de los programas anuales de control, lo que tiene sentido, ya que los programas anuales se establecen y aprueban, una vez informado el Comité Consultivo, en base a los criterios de población de lobos, de los daños al ganado y de la evaluación del grado de conflictividad social.

El texto del plan establece la posibilidad de “actuaciones excepcionales fuera de programa motivadas por variaciones importantes en las condiciones de la población y de los daños producidos, que requieran una intervención urgente en razón de su gravedad”. Es decir, cualquier actuación ha de estar motivada. Al plantear, y camuflar, la resolución actual como prórroga, la Dirección General elude la obligación de motivar las actuaciones de control e incumple el mandato del plan de evaluar las condiciones que motivan cualquier actuación, que ha de informar además al Comité Consultivo. Se sentaría además un precedente inadmisible en la gestión del lobo.

La anterior resolución de 29 de octubre de 2012 se basó en los datos poblacionales de 2011, última estima aportada al Comité Consultivo. Sin duda las condiciones de la población de lobos han cambiado, y también los niveles de daños y de conflictividad social, que han de ser evaluados nuevamente. Una prórroga en estas condiciones no puede estar justificada, además de que no está contemplada tal posibilidad en los textos, vigente y en revisión, del plan. De hecho la administración, a través de una orden del Coordinador de Medios y Apoyo de 21 de noviembre de 2013, ha instado a la Guardería a que haga los trabajos de seguimiento de la población de lobos mediante itinerarios para recoger datos y provistos de armas para ejecutar los controles, lo que prueba que se “prorrogan” los controles antes de disponer de la información poblacional de la especie.

Durante la vigencia de la Resolución de 29 de octubre de 2012 (14 meses) se han sacrificado 38 lobos (la mayor cifra de lobos abatidos en controles a lo largo de la vigencia del plan de gestión de la especie desde 2002). Sin embargo, no ha sido posible ejecutar todos los ejemplares previstos en el programa de control (establecido en 66 lobos), a pesar de los medios materiales y humanos dedicados a ello. Este hecho confirma el despropósito y disparate del objetivo propuesto, ya que evidentemente la población de lobos de Asturias no podía soportar semejante objetivo de control. La palmaria incompetencia en el planteamiento de la resolución solo puede calificarse como de negligente y prevaricador. Además, tanto la actual resolución de “prórroga”, como la de 29 de octubre de 2012 en que se apoya, van a suponer el incumplimiento del mandato de la Directiva 92/43/CEE de mantener la población en un estado de conservación favorable, extremo que ya ha sido manifestado a la Dirección General a través del Comité Consultivo.

Insistir con la nueva Resolución en matar  33 ejemplares en un mes y medio, y en plena época de celo, puede  llevar al colapso de la población de lobos en Asturias. Además, el despropósito del objetivo propuesto va a generar profundo malestar en sectores conservacionistas, por un lado, y la previsible  imposibilidad de alcanzarlo, por otro, generará frustración y confusión entre sectores ganaderos. Todo ello va a incrementar el disparate que atenaza la gestión del lobo en la región, y en consecuencia, elevar la  conflictividad social.

En definitiva consideramos que la actual resolución elude e incumple el mandato de motivar las actuaciones que contempla el plan de gestión. Consideramos que los incumplimientos legales y la manipulación en los términos en que se dicta y aprueba, y la imposibilidad de alcanzar el objetivo propuesto, conducen a una resolución manifiestamente injusta, lo que puede derivar en responsabilidades penales, a la vez que aumentan la conflictividad social en torno a la gestión del lobo en Asturias.

 11 febrero 2014