Uno de los principales errores a los que deberían hacer frente nuestros gestores públicos, y que a menudo he ido denunciando en esta tribuna oculta, es confundir al que más grita con el que tiene la razón.
Al tratarse de gestores de corto plazo, con una visión que no supera nunca el horizonte de su propio mandato con fecha de caducidad, no quieren o no son capaces de entender los procesos a una escala superior a la de su propio sillón.
Esto hace que se "olviden" convenientemente de que la participación pública, no es un mero trámite engorroso que han que asumir si no quieren que los tribunales tumben sus decisiones.
Así que dan cauce a la participación con nulo interés en que tenga éxito, cumpliendo meramente el expediente, sin creerse realmente la importancia de la participación como fuente de su legitimidad.
Hacen un teatrín, una representación, una pantomima.
La participación pública en la gestión de aquello que afecta a procesos a largo plazo o al patrimonio general, es no solo un criterio de la UE, si no un pilar básico de la gestión del común, y el exponente máximo es la gestión del medio ambiente.
Que en la gestión de los espacios naturales protegidos, se haga oídos sordos a la opinión, en la mayor parte de los aspectos fundamentada en criterios científicos y no necesariamente economicistas o populistas, de grupos ecologistas, expertos en gestión de ecosistemas, científicos de toda índole, etc. no hace si no restarle valor al propio espacio protegido, puesto que invalida los criterios de gestión del mismo. Tal vez no desde el punto de vista jurídico, pero sí desde el ético y político en el verdadero sentido de la palabra-
Y además es una burla.
Y es una burla repetida hasta la saciedad, en todos y cada uno de los foros de participación de estos espacios.
En este caso concreto es la gestión del Parque Nacional de Picos de Europa, donde confluyen demasiados intereses como para que se haga caso a quienes quieren que sea realmente un espacio donde la prioridad sea la conservación de los ecosistemas y sus procesos, así como el estudio de los mismos y acciones como la educación ambiental de sus visitantes y habitantes.
Reproduzco la nota de prensa de los grupos ecologistas ante la respuesta dada por la administración a sus propuestas y alegaciones:
"Las asociaciones ecologistas hemos recibido escrito de la Dirección del Parque Nacional de los Picos de Europa en la que se nos informa que ninguna de las alegaciones presentadas por los grupos ambientales fueron atendidas en el tramite de la ZEC.
Esta contestación a las alegaciones formuladas al borrador del instrumento de gestión que regulará la Zona de Especial Protección en dicho espacio protegido y que adolece de la misma indiferencia y el mismo desprecio que los precedentes escritos emitidos por la Consejería con respecto a los Instrumentos de Gestión Integrada de los espacios naturales a los que se alego a todos con igual resultado, al no estimar ninguna de las alegaciones remitidas, haciendo caso omiso a los problemas ambientales advertidos cuya solución se propone cabalmente para ser acometida vigorizando los recursos administrativos existentes.
Los grupos ecologistas denunciamos el reiterado incumplimiento de los preceptos de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente por los órganos gestores del Principado de Asturias, lo que ha generado que se hayan presentado varias denuncias contra este desprecio del Principado a los derechos que tenemos la participación y la información.
La actitud de desprecio y soberbia de los órganos gestores hacia los argumentos ecologistas ha deparado en el abandono de los representantes de este importante sector de la población de varias mesas, comités y órganos consultivos legalmente establecidos en el cumplimiento de la ley, solo nos tienen de comparsas.
El concurso en la gestión de los recursos naturales de las asociaciones ecologistas viene no solo determinado, sino impuesto por le Ley 27/2006 de participación pública, que transpone a nuestro ordenamiento jurídico las Directivas europeas que repararon en esta necesaria intervención social, para que deje de ser costumbre inveterada el fraude y la mala gestión y se fomente la participación directa y equitativa en la gestión del medio ambiente, y así la referida ley pondera las aptitudes y esfuerzos de las organizaciones conservacionistas en la obra de cooperación. Sin embargo, como en muchos otros ámbitos ocurre, el derecho a la participación pública, que es de interés general, se viene sacrificando al interés personal de los órganos gestores, que no ponen oídos más que a su propia ambición política.
Este desprecio a las aportaciones y sugerencias de los ecologistas, todas ellas desoídas, malbarata los valores que recoge la ley vulnerada y es la causa de la judicialización de la gestión medioambiental, que no cuenta con el asentimiento general."
No hay comentarios:
Publicar un comentario